de justicia se notifique à los oficiales de nuestra real hacienda, que en el mismo tiempo den las cuentas de todo lo librado por los visitados, ó residenciados, y que ellos hubieren pagado en virtud de sus órdenes, los cuales exhibirán los recaudos, que de los susodichos tuvieren, con la comision, y facultad, que Nos les hubiéremos dado para librar: y los jueces de comision ordenarán, que estas cuentas se hagan con citacion de el visitado, ó residenciado, para que con él se comprueben, y verifiquen las situaciones, y libranzas, y averiguado, se nos remita todo con entera claridad. Y ordenamos, que lo contenido en esta ley se ponga por capítulo especial en la instruccion, que se diere á los jueces de visitas, ó residencias.

LEY XXXIV.

De 1609, 21 y 33.—Que en el juicio de residencia no se tomen cuentas de hacienda, y se remitan á los tribunales de cuentas.

Mandamos, que todas las cuentas de repartimientos, puestos en la corona, y otros cuales quier miembros de hacienda real, no se tomen en la residencia de ningun gobernador, corregidor, ó alcalde mayor, å cuyo cargo hubiere estado, ó estuviere su cobranza, sino que las hayan de dar, y den en nuestras cajas reales de la cabeza de partido de aquel gobierno, corregimiento, ó alcaldía, donde las tomarán los oficiales reales de ellas, y las apelaciones, y adiciones irán al tribunal de cuentas de la provincia, y allí se ajustarán, y liquidarán, como mas convenga, y sea justo y si algunos de los puntos sobre que se apelare, ó adicionare, fuere caso en que se hubiere de determinar, conforme à derecho, se vea, y determine por los oidores de la real audiencia, que conforme a lo ordenado para los tribunales de cuentas conocieren de las demas causas de aquel tribunal. Y ordenamos, que las audiencias se abstengan de conocer en las residencias de estos juicios de cuentas, sin embargo de que en ellos se introduzca su exámen por lo que toca á lo criminal, culpas y cargos, que resultaren contra los residenciados, que de esto solamente han de conocer, si no fuere conforme à lo susodicho.-(V. ley 17, tit. 9, lib. 8.)

LEY XXXV.

De 1610.-Que los jueces de residencia envien copia de los alcances à los oficiales reales.

Si en las residencias constare de algunos alcances contra los corregidores, y alcaldes mayores, los jueces envien copia, con distincion de miembros de hacienda real, á la caja principal del distrito, dirigida á los oficiales reales, para que les tomen cuenta.

LEY XXXVI.

De 1620.-Que los corregidores que en las residencius fueren alcanzados en hacienda, tengan las penas que esta ley declara, y para su cobranza se procedu conforme á ella.

En las cuentas, y residencias, que deben dar los corregidores, y alcaldes mayores de las Indias, de las cajas, que han sido à su cargo, suelen resultar alcances considerables, y por ser personas sin caudal, y no estar bien aseguradas las fianzas que dan, se les conceden esperas con nuevas seguridades, de que resultan muchos daños, é inconvenientes, en perjuicio de nuestra real hacienda, y causa pública, para cuyo remedio, mandamos, que todos los corregidores, y alcaldes mayores, que fueren alcanzados en alguna cantidad, por haberla retenido en su poder, asi de nuestra hacienda, como de encomenderos, indios, ó doctrineros, sean condenados á perpetua privacion de oficio, y desterrados por 6 años á la guerra de Chile, siendo en las provincias del Perú, ó á otra semejante en las de NuevaEspaña, lo cual se ejecute sin remision, ni dispensacion alguna, y que habiéndose hecho escusion contra sus bienes, y no hallándolos, se proceda contra los fiadores, y oficiales reales, que hubieren recibido las fianzas, y contra los capitulares ante quien se hubieren dado, obligándolos a todos, que prorata paguen el alcance. Y ordenamos a los fiscales de nuestras reales audiencias, que salgan á estas causas, y se que rellen de los susodichos, y los jueces procedan, conforme à derecho, y á esta ley: y los capitulares, y oficiales reales sean condenados arbitrariamente, demas de lo susodicho, en lo que pareciere convenir, segun la cantidad, y dilacion de tiempo, no habiéndose procedido contra ellos en las residencias, ó en otro juicio.

LEY XXXVII.

De 1591.-Que las demandas puestas al gobernador de Venezuela de hasta 1.000 ducados, vayan á la audiencia de la Española.

De las demandas puestas en residencia à los

ticia; y á falta de ellos, de algun arbitrio, sin tocar en nuestra real hacienda.

LEY XLIV.

De 1595.-Que el corregidor juez de residencia dé cuenta por el escribano que nombrare. Si el corregidor, juez de residencia nombrare escribano para actuar en ella, y en las cuentas de cajas de comunidad, en caso que lo pueda hacer, sea obligado á dar cuenta por él.

LEY XLV.

De 1634.-Que sobre defraudar derechos y traer fuera de registro, se pruebe con testigos singulares.

Por las averiguaciones que se hacen en las visitas de armadas, y flotas parece que ministros, y personas de mucha graduacion clandestina, y ocultamente cometen delitos de defraudar los derechos, hacer cargazones, y traer hacienda sin registro; y porque suele haber falta de testigos para las contestaciones à la prueba, y condenaciones ordinarias: Declaramos y mandamos, que todos los escesos, y delitos de cargazones, fraudes de derechos, y traer hacienda sin registro en confianza, ó de otra forma, se puedan probar, y averiguar, y queden bastantemente probados, y averiguados con testigos singulares, como se dispone y observa en las materias de cohechos, y guardando esta órden y regla, se determinarán y sentenciarán por los de nuestro consejo de Indias todas las causas de esta calidad contra los generales, almirantes, ministros, y oficiales de armadas, y flotas de la carrera de Indias, y los demas comprendidos en ellas.

su defecto para hacerse de gastos de justicia, ó en otra forma se avise al consejo.

LEY LXVIII.

De 1619 y 80. Que los escribanos de visitas y residencias las copien, y entreguen los traslados en las audiencias.

Luego que se acaben de tomar las visitas, y residencias á los ministros y gobernadores, y de copiar el traslado, como se acostumbra, para remitir el original á nuestro consejo, sean obligados los escribanos á entregarle en la real audiencia del distrito, autorizado en forma pública, que le hará poner, y guardar en el archivo, porque de allí, siendo necesario usar de él, ό de cualquier auto, informacion, ó testimonio, ó si sucediere, que el original se pierda en el via ge, se saquen los traslados, que convenga. Y declaramos, que la residencia del gobernador de Popayan se ha de entregar, y quedar en el archivo de la real audiencia de Quito. Y mandamos, que las audiencias los hagan guardar con todo secreto, por los inconvenientes, que pueden resultar especialmente en las visitas, de saber los delatores, ó publicarse los testigos, que hubieren declarado, y apremien à los escribanos ante quien pasaren, á que los lleven, ó envien á las audiencias para el efecto referido, condenándolos por la omision, negligencia, y descuido en penas arbitrarias (1).

LEY XLIX.

De 1635 y 80.· Que los cargos de tratos y contratos pasen contra los herederos y fiadores, habiéndose contestado con los ministros.

Considerando, que las leyes se deben ajustar á las provincias, y regiones para donde se hacen, y que las Indias son tan distantes de estos reinos, que cuando en nuestro consejo se llegan á ver y determinar las visitas, ó residencias, son muertos los comprendidos en ellas, y cuanto conviene remediar los escesos de tratar, y contratar los ministros, en que pocas veces de

ja de intervenir fuerza, barateria, ó fraude de hacienda real: Declaramos y mandamos, que en todas las provincias de las Indias, islas, y Tierra-Firme del mar Océano, los cargos de tratos, y contratos de todos los ministros, que nos sirven, y sirvieren, asi en plazas de asiento, como en otros oficios, y cargos temporales de paz, ó de guerra, cuentas, y administracion de nuestra real hacienda, y en otra cualquier forma, sin escepcion de personas, hayan de pasar, y pasen contra sus herederos y fiadores, por lo tocante á la pena pecuniaria, que se les impusiere por ellos, aunque sean muertos al tiempo de la pronunciacion de la sentencia, que en el consejo, ó por otro tribunal, ó juez competente se diere contra los culpados, como hayan estado vivos al tiempo que se les dieron los cargos, que és cuando parece, que en semejantes juicios se hace contestacion de la causa, y se les da luz, y lugar, para que puedan satisfacer, decir, alegar, y probar en su defensa, y descargo, lo que les convenga. Y es nuestra voluntad, que asi se guarde, cumpla y ejecute, sin embargo de cualesquier leyes, cédulas, ordenanzas, y opiniones, que haya en contrario, las cuales desde luego derogamos, y damos por ningunas, y de ningun valor, y efecto, en cuanto à esto toca, quedandose en su fuerza y vigor para en lo demas en ellas contenido (1).

Que con las visitas y residencias se envien memoriales de comprobaciones, ley 41, tit. 34, lib. 2.

Que ninguno sea proveido sin testimonio de la residencia antecedente, y esto se declare en los pareceres, ley 6, tit. 2, lib. 3. De las apelaciones que en estos juicios se debian admitir para el consejo, y de que no hubiese suplicacion : leyes 8 y 31, tit. 12, lib. 5.

Veanse las leyes 11, 16 y 17, tit. 1, lib. 7. Por acuerdo del consejo de 7 de setiembre de 1650, auto 157, está ordenado, que en las cobranzas de condenaciones que resultan de las visitas de armadas, y flotas, se guarde la órden, y práctica antigua, de cometerse á los mismos jueces, y habiendolo cumplido, se les den las ayudas de costa, que es costum

"El Rey.-Por cuanto mis vireyes de Nueva-España, y nuevo reino de Granada en cartas de 19 de octubre de 1790, y 31 de octubre de 1794, y el fiscal de la audiencia del Cuzco en otra de 10 de noviembre de 1795, me hicieron presente lo que les pareció oportuno á mi real servicio, y al mejor cumplimiento de las leyes del tit. 15, lib. 5 de las de aquellos mis dominios, que tratan de la residencia y jueces que las han de tomar, sobre que habia ya espediente en mi cousejo, con motivo de haber notado en la sala de justicia varios abusos de gravedad en esta materia, para cuyo remedio por cédula de 19 de octubre de 1788 sobrecartó la de 29 de agosto de 1768, en razon de dietas y salarios de los jueces, escribanos, alguaciles y otros incidentes de estos juicios; y habiéndome consultado dicho mi consejo en 6 de abril de 1797, despues de haber oido á mis fiscales, y meditado tan im portante asunto con la debida detencion y exámen, conformándome con su parecer he resuelto:

Lo 1. Que subsistan en su fuerza y vigor las residencias de los vireyes, presidentes, gobernadores políticos y militares, gobernadores intendentes, é intendentes corregidores, observándose en la forma y realidad de estos juicios lo que disponen las leyes sin alteracion alguna en el número de los testigos de la sumaria secreta, sustanciacion y determinacion de las demandas públicas.

Lo 2.° Que estas se tomen indispensablemente siempre que se verifique eleccion de sucesor en los cargos espresados, poniéndose como hasta