De la correspondencia del Virrey Por MANUEL MOREYRA Y PAZ SOLDAN En el año de 1947 pensé realizar estudio detallado sobre el Virreinato que ejerciera en el Perú, Don Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros y con tal fin, inicié gestiones para obtener sus documentos básicos. Con el propósito de recabarlos, llegué a conectarme con un distinguido paleógrafo radicado en Sevilla: Manuel de Ballesteros y después de mediar algunas cartas, concertamos, que me enviaría copia de la correspondencia que conserva el Archivo de Indias del nombrado gobernante. Me hizo saber lo copiosísima que era. Más de doscientos documentos le arrojó, una previa compulsa que verificara en esos fondos. Con el intento de que seleccionase su contenido, redactó preliminar índice, con el detalle de setenta piezas, que serían las primeras en remitirme. De aquel conjunto, llegó a mis manos el primer lote, integrado por treinta y tres cartas y cuando estaba a la espera del próximo, recibí la triste noticia de su fallecimiento. Truncado aquel concierto, sobrevinieron nuevos tropiezos y circunstancias diversas de índole personal, que me llevaron por otros caminos de afán investigatorio. Mas, si aquella ambición primera, no me fué dable cumplirla, con el material que me despachó Ballesteros, he podido llevar a término algunas monografías y sobre todo, dar a la publicidad veintitrés de las piezas nombradas (1) y el saldo que aún poseo inéditas, las brindo en la presente ocasión. Aunque es modesto lo que ofrecemos, sin embargo, no dejará de prestar nueva luz a los años de gobierno del citado Virrey, ya que su correspondencia oficial, hállase distante de ser conocida en su integridad, ni ha sido revisada en forma completa; como requiere la cabal historia, in-extenso, de aquellos casi dos lustros, en que rigiera los destinos del Perú. De las diez que incluyo daré al presente somero informe de su contenido. No es mi intención agotar las noticias que sus páginas aportan, mi deseo es solo, el que se aprovechen en posteriores indagaciones, para (1).—Están insertas en la REVISTA HISTORICA. Vol. XVIII "Cartas de Montesclaros referentes a la Mina de Huancavelica" (Págs. 86 a 105). Cartas e informes sobre el Tribunal Mayor de Cuentas (Págs. 311 a 330). En Vol. XIX. "Introducción a documentos y cartas de la Audiencia y del Virrey Montesclaros" (págs. 203 a 263). que se esclarezcan los rincones que alumbran. Su contexto lleva, el eco y sabor del acaecer de su siglo y no son insignificantes los datos y exposiciones que trae, de asuntos y negocios que durante su administración se ventilaban. Sobre el original de la primera carta, desgraciadamente, cayó una mancha de tinta y el tiempo le hizo el estrago, de comerse un pedazo, lo que dificulta en algo penetrar en las ideas del segundo párrafo. En esta y en la séptima, Montesclaros da cuenta y dilucida, muchos pormenores de hacienda. Recordemos entre otros la "renta de los Novenos Eclesiásticos"; los de la "Receptoría de los Tributos" en la provincia de Chucuito; la encomienda vacante en el repartimiento de Tacapari, (2) que había pertenecido a Luisa de Bibar, esposa que fué del acaudalado Fernando de Zárate; las dificultades que halló, en la colocación de un Juro por cincuenta mil ducados, en las diversas Cajas del Reino; la renovación de ciertas fianzas pedidas a los Oficiales Reales y apelación que entablaron en la Audiencia y la cuenta que tomó, al Capitán Pedro Martínez de Zavala, del empleo de los diez mil ducados que se le dieron para comprar caballos de Tucumán y remitirlos al Reino de Chile. En los dos referidos documentos, se estudia con cierta amplitud, temas concernientes, al complicado problema del remate de los "Oficios Vendibles" y discurría sobre la forma de evitar los fraudes que se generaban en ellos, cuando iban a llenar la formalidad de las "Confirmaciones Reales". Sobre este delicado tema, existe un tratado completo, que escribió Antonio de León Pinelo editado en Madrid en 1630 y Solorzano y Pereyra en su Política Indiana lo aborda en varios capítulos de su célebre obra. La venta de los Oficios o cargos públicos, como fuente de recursos del Estado, nació en el Reino de Castilla, mas limitándose a los oficios llamados de pluma, escribanías y regimientos, sujetos a volver al real patrimonio a la muerte de sus compradores y dentro de esta modalidad, pasó el sistema a Indias; hasta que por Cédula de 13 de noviembre de 1581, dirigida a Martín Enriquez, se dió la facultad de que los oficios se pudieran trasmitir por otra vida mas, con tal de abonar al Rey el tercio de su valor y recayesen en personas hábiles y suficientes para ejercerlos a satisfacción de las justicias. Los oficios vendibles, adquirieron en España el carácter de perpetuos, al través del sistema de las "renunciaciones" que significaba, conceder al patrimonio adquirido en subasta, las ventajas sucesorias, no en la ordinaria forma, sino dentro de términos y condiciones especiales. Esta perpetuidad gozada en la península, por el canal de las "renunciaciones" se vió la conveniencia de generalizarla en Indias y luego de mediar informe de la Real Audiencia, se dictó la Cédula de 14 de diciem (2). Sobre el repartimiento de Tacapari, aparecen datos en la nota No 4 del estudio de Juan Bromley "El Procurador de Lima en España". En esta Revista pág. 91. bre de 1606, en virtud de la cual, en todas las provincias de ultramar, los oficios adquiridos en subastas, tendrían también, la calidad de vendibles y renunciables, bajo una serie de reglas que aparecen señaladas en forma extensa, en el tratado de las Confirmaciones Reales de León Pinelo y en resumen, en Escalona y Aguero, en su Gazophilacium Regium Perubicum. Desde 1606, todo oficio vendible, podía ser renunciable por su poseedor y ésta, hacerse a favor de tercera persona, del Rey o del que lo rematase de nuevo. El renunciante en la primera vez, perdía la mitad del valor logrado y la tercera, en las renunciaciones siguientes. Para que el acto fuese válido, precisaba que el renunciante, viviese veinte días después de haberlo ejecutado y de presentarse el renunciatario en el término de los 60 ante la autoridad respectiva, requiriendo confirmación, o que proveyera lo que fuera menester según los casos. Sin estos requisitos, el oficio se consideraba vacante y era sacado de nuevo a subasta, percibiendo el Rey su íntegro valor. La limitaciones sucesorias disminuyen y adquieren contornos de mayor liberalidad, a mérito de una Cédula de 1766, en virtud de la cual se derogó, que la renunciación, se hiciera a favor de tercera persona cierta y determinada, lo que implicaba una fórmula de donación, cuando la venta de oficios dejó de ser temporal y adquiere el goce de patrimonio transmisible. En la carta No 2, da Montesclaros noticia de sumo interés. Relata que el 4 de octubre de 1609 día de San Francisco- hizo su entrada en Lima, el tercer Arzobispo del Reino: Bartolomé Lobo Guerrero, quien antes de ser trasladado a esta sede, ocupaba la de Santa Fé de Bogotá. Este prelado era natural de Ronda y comenzó sus estudios en la Universidad de Osuna, los continuó en Salamanca y los terminó en Sevilla. Fue catedrático de vísperas de teología y rector del Colegio de Santa María de Jesús. De Sevilla pasó a Méjico como fiscal del Santo Oficio y luego su inquisidor y de allí, en 1600 a Bogotá, hasta que Felipe III lo nominó sucesor de Santo Toribio, en la Arquidiócesis de la capital del Virreinato. Viniendo a ocuparla, se puso en camino en enero y arribado a Quito, recibió en su catedral, de manos de su Obispo, Fray Salvador de Ribera, el palio de su nueva investidura y por caminos de tierra alcanzó el término de su viaje, en donde con inusitada pompa fue acogido "con universal contentamiento del estado eclesiástico y seglar y demás prebendados y Cabildo". En aquellos años se resolvía, una vieja necesidad, un requerimiento sentido desde muy atrás, la de seccionar por su enorme extensión, la diócesis del Perú, para facilidad de su gobierno. Montesclaros, apoya la providencia y expone la resolución adoptada por S. M. de “dividir el arzobispado de Lima y obispado del Cuzco por sustanciales conveniencias y haber hecho súplica a Su Santidad para que tenga por bien y mande se erija de nuevo una iglesia catedral en Trujillo, sacándola de este arzobispado y dos, en las de Huamanga y Arequipa, desmembrándolas de las del Cuzco". Luego informa de los reparos que urgían en las iglesias existentes, para que tomasen el nuevo rango adquirido y de las rentas da la cuarta funeral, para con ellas hacer viable el ensanche que requerían. También es muy explícito en el tema de los Visitadores Eclesiásticos. Recordemos que, la cuarta funeral, era la parte que los curas estaban obligados a dar al obispo respectivo, sobre los derechos que percibían por entierros de sus feligreses. En su origen, no existió tasa fija, de ahí que los prelados tuvieran el sistema de celebrar conciertos con los párrocos, sobre el monto que debían de pagarles, pero la regulación dió pié a daños a los indios por las muchas vejaciones que recibían de los doctrineros en ofrendas y contribuciones. Evitando el mal, fueron prohibidos esos conciertos y se ordenó cobrasen la cuarta parte que les pertenecía, conforme a derecho. Mas, como la innovación no desterrase los abusos anteriores, en 1680 se ordenó, que los obispos solamente llevasen de los curas, doscientos pesos, por razón de cuarta funeral, Cédula que fué ratificada en 1690 y posteriormente en 1767. La cuarta en sede vacante, la trata la Recopilación de Indias, en el libro primero -Leyes 50 y 51 del título VII- y el obispo percibía esa renta, desde el momento de producido el fiat del Romano Pontífice. Las cartas Nos. 3 y 4, informan sobre las personas con títulos suficientes, para cubrir dos vacantes en jerarquías eclesiásticas. Una, en el cabildo de Lima, por muerte de Cristóbal Medel y la que se originó en el Obispado del Paraguay y Río de la Plata, por fallecimiento del extremeño Fray Reginaldo de Lizárraga, autor muy celebrado. La cultura del país, debe a la diligencia de D. Carlos A. Romero, muy importantes hallazgos bibliográficos, como el Diario de Lima de Mugaburu y la obra inédita hasta 1906, de Lizárraga. En la Revista Histórica -tomo segundo se dió a luz el manuscrito que redactara el Obispo tres siglos antes: Descripción y Población de Indias y antecediendo a esas páginas, compuso Romero una valiosa biografía de Fray Reginaldo. En ella, entre muchos, dilucida el controvertido tema, del nacimiento de Lizárraga, probando que fué oriundo de Medellín y con natalicio alrededor de 1540. Su nombre de pila era: Baltazar de Obando, cambiando como era costumbre en la época, al imponerle el hábito de dominico que recibió de manos del Provincial de Lima, Fray Tomás de Argomedo. Vino con sus padres desde España y originariamente se estableció la familia en Quito y de allí a la capital del Virreinato. Ocupó numerosos y elevados cargos en el ministerio de su Orden, hasta que obtuvo la mitra de la Imperial en Chile, por designio de Felipe II y en reemplazo de Agustín de Cisneros, recibiendo su consagración en la Ciudad de los Reyes el 24 de octubre de 1599. Retrasó largos meses su viaje, por hallarse la comarca que iba a gobernar, envuelta en las difíciles guerras de Arauco y apenas ejerció su ministerio un año en la Imperial, pues en febrero de 1603, le llegó mandato de trasladar aquella sede a Concepción. Entre los muchos apuntes de su obra, consigna breves observaciones relativas a los obispos que lo antecedieron y cuando entra el turno de nombrarse, trae frases reveladoras de una ingenua y simpática humildad. Rememora que a Fray Antonio de San Miguel -el fundador de la diócesis le siguió Cisneros a quien califica de ilustrado y docto en cánones, muy principal y de muchas y loables costumbres, y luego aludiendo a su heredero que era el mismo, dice que "sin merecerlo sucedió Fray Reginaldo,, en donde era necesario un barón de grandes portes y virtudes para ayudar a los pobres en sus necesidades; empero, falta lo principal, que es la virtud y posibilidad, por ser obispado tan pobre que apenas me puedo mantener, sin tener casa donde vivir, que si en San Francisco no me diesen dos celdas donde asisto, en todo el pueblo no había cómodo para ello. Con todo esto, tengo mas de lo que merezco, que si lo merecido se me hubiera de dar, eran muchos azotes". El Padre Lizárraga, viajero empedernido, fué perspicaz observador de los territorios que visitara y el libro que nos ha legado, es uno de los mejores testimonios, con atisbos penetrantes sobre hechos y paisajes, que fué captando a lo largo del tránsito por caminos y poblados de la América meridional, la que cruzó en direcciones varias, desde Punta Helena hasta los confines australes de Chile y desde el Pacífico hasta las planicies del Tucumán y llanos del Paraguay a cuyo obispado lo designaron en 1,606 en reemplazo de la vacante que dejara su antecesor: Martín Ignacio de Loyola, cuando este fué promovido al Arzobispado de Charcas. Llegó a Asunción a mediados de 1608 y gobernó esa feligresía hasta su muerte ocurrida al año siguiente. En cuanto a los candidatos que propusiera el Marqués de Montesclaros, como merecedores de que heredaran la sede que dejó Fray Reginaldo: Gabriel de Saona, Juan de Lorenzana, Jerónimo de Hinojosa y Juan de Venido, ninguno de ellos, los consideró la Metrópoli dignos de tal jerarquía y recayó el nombramiento en Lorenzo de Grado, antes Arcediano del Cuzco y quien años más tarde, alcanzó a ser el décimo mitrado de la Ciudad Imperial. En el No 5 se da una consulta que formulara el Consejo de Indias relativa a una licencia que solicitó para retornar al Perú, el sobrino del Virrey: Iñigo de Mendoza y allí se trascribe el párrafo pertinente, que este gobernante dirigiera al Rey, con fecha 31 de marzo de 1610. En el documento que sigue, ofrece Montesclaros, una justificación muy razonada en torno a la cobranza de los tributos de indios. Acopia los antecedentes de este embarazoso problema, tan vinculado y ciertamente nudo de la institución de la Encomienda. Explica lo poco acertado que sería, modificar las tasas que decretó Toledo, en cada caso particular. Ambicionaban cambios y alteraciones, algunos repartimientos de indios y aducían a este fin, las mutaciones sufridas en los precios de ciertas especies entregadas como pago de tributos. Ya en esa época, se dejaba sentir y desquiciaban las relaciones económicas, las alternativas del valor de bienes y productos estimados en dinero; problema que en la ac |