ART. 252. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales ó perpétuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos sino por acusacion legalmente intentada.

ART. 253. Si al Rey llegaren quejas contra algun magistrado, y formando espediente parecieren fundadas, podrá, oido el consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el espediente al supremo tribunal de Justicia, para que le juzgue con arreglo á las leyes.

ART. 254. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente á los jueces que la cometieren.

ART. 255. El soborno, el cohecho y la prevaricacion de los magistrados y jueces producen acción popular contra los que los cometan.

ART. 256. Las Cortes señalarán á los magistrados y jueces de letras una dotacion competente.

ART. 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores se encabezarán tambien en su nombre.

ART. 258. El código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.

ART. 259. Habrá en la corte un tribunal, que se llamará supremo tribunal de Justicia.

ART. 260. Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las salas en que ha de distribuirse.

ART. 261. Toca á este supremo tribunal:

1.o Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales especiales, que existan en la Península é Islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas segun lo determinaren las leyes.

2. Juzgar á los secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar á la formacion de causa (1).

(1) Hoy el tribunal competente para juzgar á los ministros por delitos no COmunes es el del Congreso, con arreglo á la regla 3.a, art. 39 de la Constitucion

de 1845.

TOMO 1.

2

3.o Conocer de todas las causas de separacion y suspension de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias.

4.0 Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al jefe político mas autorizado la instruccion del proceso para remitirlo á este tribunal.

5.o Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este supremo tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este supremo tribunal, las Cortes, prévia la formalidad establecida en el artículo 228, procederán á nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.

6.o Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella por disposicion de las leyes.

7. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al real patronato (1).

8.o

Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la corte (2).

9. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia, para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254. Por lo relativo á Ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias en la forma que se dirá en su lugar.

10. Oir las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaracion en las Cortes.

11. Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias, para promover la pronta administracion de justicia; pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicacion por medio de la imprenta.

ART. 262. Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada audiencia.

(1) Esta atribucion compete hoy al Consejo Real, segun lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de 22 de setiembre de 1845.

(2) Los recursos de proteccion del concilio de Trento corresponden al Consejo Real, segun lo dispuesto en la ley citada.

ART. 263. Pertenecerá á las audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcacion en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, segun lo determinen las leyes; y tambien de las causas de suspension y separacion de los jueces inferiores de su territorio en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey.

ART. 264. Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir á la vista del mismo pleito en la tercera (1).

ART. 265. Pertenecerá tambien á las audiencias conocer de las competencias entre todos los jueces subalternos de su

territorio.

ART. 266. Les pertenecerá asímismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan de los tribunales autoridades eclesiásticas de su territorio.

ART. 267. Les corresponderá tambien recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delitos, -Y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su juzgado, con espresion del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta administracion de justicia.

ART. 268. A las audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de nulidad, debiendo eslos anteponerse, en aquellas audiencias que tengan suficiente número para la formacion de tres salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos de una á otra de las comprendidas en el distrito de una misma gobernacion superior; y en el caso de que en este no hubiere mas que una audiencia, irán á la mas inmediata de otro distrito.

ART. 269. Declarada la nulidad, la audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con testimonio que contenga los insertos convenientes, al supremo tribunal de Justicia, para hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254.

ART. 270. Las audiencias remitirán cada año al supremo tribunal de Justicia listas exactas de las causas civiles, y cada

(1) Sobre la manera de entenderse este artículo véanse las reales órdenes de 5 de noviembre de 1839 y de 25 de agosto de 1841 que se insertarán en el cap. de este título.

4.

seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con espresion del estado que estas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los juzgados inferiores.

ART. 271. Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las audiencias, que no podrán ser menos de siete; la forma de estos tribunales, y el lugar de su residencia.

ART. 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente division del territorio español, indicada en el artículo II, se determinará con respecto á ella el número de audiencias que han de establecerse, y se les señalará territorio.

ART. 273. Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras con un juzgado correspondiente.

ART. 274. Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente á lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como tambien hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelacion.

ART. 275. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la estension de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.

ART. 276. Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero dia, á su respectiva audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio, y despues continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la audiencia les prescriba.

ART. 277. Deberán asímismo remitir á la audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las causas civiles, y cada tres de las criminales que pendieren en sus juzgados, con espresion de su estado.

ART. 278. Las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios.

ART. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesion de sus plazas jurarán guardar la Constitucion, ser fieles al rey, observar las leyes, y administrar imparcialmente la justicia.

CAPÍTULO II.

De la administracion de justicia en lo civil.

ART. 280. No se podrá privar á ningun español del de

recho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.

ART. 281. La sentencia que dieren los árbitros se ejecu tará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.

ART. 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles ó por injurias deberá presentarse á él con este objeto.

ART. 283. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intencion, y tomará, oido el dictámen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin mas progresos, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decision estrajudicial.

ART. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno.

ART. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el que asistió á la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley; á esta toca tambien determinar, atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.

ART. 286. Las leyes arreglarán la administracion de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, á fin de que los delitos sean prontamen+ te castigados.

ART. 287. Ningun español podrá ser preso, sin que preceda informacion sumaria del hecho, y por el que merezca segun la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se notificará en el acto misino de la prision.

ART. 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será reputada delito grave.