porque éste le resultaba así completamente gratis, más barato que el mismo mitayo, a quien habría tenido que pagar de su bolsillo los dos pesos y medio.

En 1659 un Corregidor de Potosí, el Obispo Francisco de la Cruz, reveló que los azogueros habían pagado ese año a la Hacienda, por concepto del "quinto", la suma de 308.547 pesos, al mismo tiempo que habían recibido de los indios, en substitución de sus servicios, más de 700 mil. Así se comprende mejor cuánto les convenía alentar ese procedimiento.

La evasión.

La otra gran respuesta del indio fué la huída, la evasión. No le era difícil tomar ese camino porque le bastaba, aunque eso supusiera el abandono de sus tierras, trasladarse a cualquiera de las catorce provincias que estaban exoneradas de contribuir a los contingentes.

En una carta dirigida al Rey, el Presidente y los Oidores de la Audiencia de Charcas (17) expresaban a comienzos del siglo que si bien en épocas anteriores era hasta cierto punto razonable exigir a las 16 provincias "obligadas” la entrega de 13.500 indios al año, ahora era despiadado, porque se hallaban fuertemente deshabitadas.

Era tan crecido el número de los que habían fugado que, para los que permanecían en sus pueblos, los períodos de descanso con relación a la mita ya no eran de siete años, sino mucho menores, puesto que las poblaciones aunque hubieran disminuído debían seguir enviando a Potosí el mismo número de personas.

Al año siguiente, uno de los Oidores, Diego Muñoz de Cuéllar, visitó todo el distrito y comprobó que las poblaciones había decrecido en una mitad desde los tiempos del Virrey Toledo, 40 años atrás. Los períodos de descanso en muchos pueblos se habían reducido a dos años y en otros apenas a uno. La evasión, la emigración, para liberarse de las cargas de la mita habían producido tan impresionante despoblamiento (18).

Un Corregidor de Potosí, Rafael Ortiz de Sotomayor, escribió al Rey Felipe III en 1620 que si bien al comienzo el espaciado turno de 7 años era llevadero y tolerable, la degradación demográfica de los centros in

(17) Carta dirigida por el Presidente de la Audiencia de Charcas y los Oidores al Rey. La Plata, 19 de marzo de 1612. A.G.I. Audiencia de Charcas Leg. 19. (18) Carta del Oidor Diego Muñoz de Cuéllar al Rey. La Plata, 1o de marzo de 1615. A.G.I. Aud. de Charcas Legajo 19. "Esta verdad (que ojalá no lo fuera) expresaba- se comprueba por la poca remuda que tienen los pueblos para cubrir el entero de las mitas y labores del cerro de Potosí y otras partes, pues estando dispuesta para estos servicios la séptima de los indios tributarios que quedaron en cada pueblo al tiempo de la dicha reducción de nuestro virrey don Francisco de Toledo (cosa que parecía tolerable), hoy no pueden enterar con la cuarta parte y es certísimo que el indio que va un año a Potosí no puede holgar (digo estar en su pueblo) más que otro y cuando mucho dos y en muchas partes aun no gozan de este tiempo ni del privilegio de menor de 18 años ni reserva de mayores de cincuenta".

dígenas hacía cada vez más problemático no tanto hallar el número cabal de personas, sino que éstas siguieran gozando de los descansos fijados primitivamente.

Aseveraba también que las leyes y ordenanzas del Virrey Toledo habían sido observadas cuando más durante los primeros ocho o diez años, y en esa época, 1620, el turno para ir a Potosí estaba reducido de siete años a uno o dos; y el descanso, una vez en el Cerro, de dos semanas reglamentarias al comienzo, a una.

En 1628, el Oidor de la Audiencia de Charcas, Gabriel Gómez de Sanabria, después de una visita a las provincias que ahora forman el Departamento de La Paz, evidenció (19) que en todos los pueblos más de las dos terceras partes de los indios que figuraban en los padrones de los Caciques estaban ausentes.

Hacia la mitad del siglo, los períodos de descanso habían desaparecido por completo, pero muchos pueblos estaban íntegramente deshabitados.

Otro recurso para eludir la mita era entrar a servir en las haciendas de los españoles en calidad de "yanaconas”. Este tipo de indios tenía un estatuto especial que les eximía de asistir a la mita y les proporcionaba la protección del propietario de la hacienda, quien se oponía con tenacidad a que le arrebataran su trabajador. Hacia 1659 no había en Potosí sino un poco más de 2.000 indios de "cédula" que trabajaban al mismo tiempo. Por ejemplo de la provincia de Chucuito, que entonces comprendía la localidad de Puno, apenas había en 1622, nada más que 147 indios de un padrón primitivo de 1854 (20).

Las poblaciones y comunidades indígenas estaban deshabitadas en las impresionantes proporciones señaladas más arriba, pero seguían bajo la obligación de presentar, si no la totalidad de los cupos, el mayor número posible, aunque para ello los indios ya no tuvieran ni siquiera un solo año de descanso.

El Virrey Conde de Lemos resumió por entonces la situación diciendo "los indios han estado gravísimamente molestados y oprimidos, las reducciones faltas, las mitas quebradas, ellos en muchas provincias desposeídos de sus tierras, su ocupación reducida a una rigurosa esclavitud” (21).

En las 16 provincias sujetas a la mita existían en 1662, según las estimaciones del Presidente de la Audiencia de Charcas, Bartolomé Salazar, 16 mil indios, en lugar de los 81 mil de un siglo atrás, cuando comenzó la mita. Tales fueron los estragos causados por el sistema.

(19)

(20)

(21)

El despoblamiento de las colectividades llegó a afectar profundamen

Carta al Rey dirigida por G. Gómez de Sanabria. La Plata, 18 de enero de
1629. A.G.I. Aud. de Charcas Legajo 19.

Carta del Presidente de la Audiencia de Charcas, Bartolomé Salazar, al Rey.
La Plata, 22 de enero de 1662. A.G.I. Aud. de Charcas Legajo 267.

Carta del Conde de Lemos al Rey. Lima, 6 de diciembre de 1669. A.G.I.
Aud. de Charcas Legajo 268.

te la cobranza de los "tributos". (Todos los indios entre los 18 y 55 años de edad estaban obligados a pagar anualmente 7 pesos ensayados, cada uno de 12 reales y medio, a la Corona española). Como los indios, al huir de sus pueblos y sustraerse al control de las autoridades dejaban de pagar sus "tributos", la Hacienda dejaba de percibir una suma superior a la que daban los "quintos" por la explotación de la plata. La mita fue, ante todo, un contrasentido económico. Los Oficiales Reales de Potosí informaron entonces que si se lograra reponer el pago puntual de los "tributos", afectado por las evasiones provocadas por la mita, ese ingreso sería mayor que el de los "quintos", o sea que la supresión de la mita habría dado mayores ingresos al Estado español (22).

Caciques y Curacas.

Los indios eran reclutados en sus poblaciones y campos de origen y después conducidos a Potosí por los Caciques y Curacas. La existencia de tales funcionarios databa de la época del Imperio de los Incas, bajo el cual tenían a su cargo el gobierno local de las colectividades. Los españoles respetaron la institución y se valieron de los Caciques y Curacas para manejar a los aborígenes, cobrarles los tributos y hacerles cumplir con la mita. La conservación de dichos funcionarios se justificaba con los españoles más que nunca, porque tenían un profundo conocimiento de las condiciones geográficas de las regiones, los dialectos nativos eran los suyos y poseían un saber exacto, aunque empírico, de las peculiaridades demográficas.

Los Caciques y Curacas eran los responsables de entregar a los azogueros el número cabal de indios, en plata o en persona. El cumplimiento de ese cometido pronto se hizo muy difícil debido a que era imposible reclutar en cada pueblo o comunidad el número cabal de personas y porque en el trascurso del viaje hacia Potosí se les escapaban muchas. Con el tiempo los naturales rehuían obstinadamente ocupar el puesto de Cacique, tan lleno de responsabilidades. Legalmente la única ventaja de que gozaban era no formar en los cuadros de mitayos, ni trabajar en las minas, pero se les imputaba obtener una serie de beneficios ilícitos. Con seguridad, mayores eran las molestias e inconvenientes, porque ningún indio quería ocupar ese cargo.

El empresario minero, al recibir su contigente disminuído, lo cual era inevitable a partir de cierto tiempo, echaba toda la culpa de la falla al Cacique. No era que desconociera la imposibilidad absoluta que había tenido éste para alistar la cantidad señalada a cada pueblo, pero, aún así, le hacía culpable de las bajas y usando amenazas y violencias (22) El Virrey conde de Alva, en medio de la lentitud y pesantez burocráticas de la Colonia, estimó que una de las claves del, problema se hallaba en el Corregimiento de Potosí y mandó allí en 1660 al obispo Francisco de la Cruz. Era un prelado de una rectitud admirable y comenzó por suprimir radicalmente la entrega de plata a cambio de indios.

obtenía de aquél compensaciones en dinero. El Cacique no encontraba otro medio de satisfacer las exigencias del empresario, que sometiendo a los indios a exacciones pecuniarias suplementarias.

Al azoguero le era fácil comprobar las bajas ocurridas durante el viaje porque el Corregidor, al despachar los indios de los pueblos con destino a Potosí, levantaba una lista en tres ejemplares. Uno era para él mismo, otro para el Capitán de Mita (este funcionario, indio también, era responsable de los contingentes totales correspondientes a cada provincia) y el tercero para el Corregidor de Potosí. No valía al Capitán de Mita ninguna explicación ni descargo ante las autoridades para justificar las deserciones. Su responsabilidad era absoluta, bajo el principio de que la admisión de descargos significaría legalizar, en cierta forma, un medio para eludir la mita. Era preferible, en todo caso, "apremiarlos con algunas vejaciones" como atarlos a un carnero y propinarles en público un número de azotes fijado por el Corregidor o colgarles por los cabellos durante algunas horas (23).

Existía entre los españoles un extendido convencimiento de que los Caciques se enriquecían con sus puestos. Obtenían -se decía— de los indios que querían librarse del servicio, el pago de fuertes sumas que iban a parar a su bolsillo. Ante el español, usaban infinitas argucias para hacerle admitir un número de bajas mayor que el verdadero. Se afirmaba también que los Caciques conocían en todos los casos el paradero de los indios que habían abandonado sus pueblos y que les cobraban dinero para permitirles vivir sin cumplir sus obligaciones. Por lo menos eran argumentos sostenidos por los empresarios y se valían de ellos para exigir del Cacique, si no la entrega cabal de los efectivos, su compensación monetaria.

El Virrey Marqués de Montesclaros escribió una vez a Madrid: "Es fuerza afirmar a Vuestra Magestad con ponderación que no hay en el mundo más perjudicial gente, de peores respetos e inclinaciones, que los caciques" (24) y el Corregidor Sarmiento de Sotomayor llegaba a afi:mar en 1654 que los Caciques se beneficiaban con la mitad de las recaudaciones provenientes de los pagos de los indios para su exención de la mita.

A mediados del siglo, cuando esa situación alcanzó un franco estado de crisis, se produjo un serio intento de reformar el método pernicioso que, como se ha visto, no tenía sino un beneficiario: el empresario mi

nero.

Aunque los males fueron advertidos y denunciados por las autori

(23) El obispo de la Cruz escribió al Rey (15 de abril de 1660) que en Potosí se acostumbraba inmemorialmente, a simple denuncia del azoguero, sin otra testificación, inflingir a los caciques, cuando no entregaban el número completo de indios, fuertes castigos como atarlos a un carnero y propinarles azotes en la plaza o colgarlos de los cabellos. A.G.I. Aud. de Charcas Legajo 266. (24) Carta del marqués de Montesclaros al Rey. Lima, 2 de abril de 1611. A.G.I.

Aud. de Lima Legajo 36.

dades coloniales desde pocos años después de su implantación, la primera tentativa seria de suprimirlos fué planteada por el Virrey Conde de Chinchón. Ordenó en 1633 a un funcionario, Juan de Carvajal y Sandi, hacer un recuento de los indios disponibles de acuerdo a la verdadera realidad demográfica. Halló el comisionado únicamente 4.115 personas, o sea una tercera parte de las cifras primitivas. Los azogueros se opusieron primero en Lima y después en Madrid a que esa constatación fuera confirmada oficialmente y que de ella se desprendieran las lógicas y naturales reformas en la repartición de los indios; llegaron a obtener la expedición de una cédula que anulaba esos resultados y mandaba hacer un nuevo recuento. Dada la lentitud de los trámites burocráticos, las distancias de por medio y la complejidad de la tarea, lograban así un plazo de varios años.

Los Virreyes sucesivos demostraron poco empeño por llevar adelante una labor que chocaba con tantos intereses y prefirieron no remover el problema. Así fué hasta que llegó a Lima el Virrey Conde Alva de Liste. El nuevo gobernante resolvió en 1660, mandar efectuar un empadronamiento no sólo de las 16 provincias sujetas a la mita sino. de las 14 liberadas, con el fin de reintegrar de éstas a los indios evadidos del trabajo forzado. En las provincias obligadas apenas quedaban unos 16 mil indios que podían ser utilizados y para llegar a restablecer turnos permanentes de 3.000 indios las expectativas no llegaban ahora a más había que recurrir a las provincias hasta entonces eximidas, donde vivían unos 60 mil indios, sobre los cuales se podía echar mano.

Fué el Virrey Conde de Lemos el más decidido de los gobernantes por cortar los abusos y atropellos. Llegado al Perú en 1667, comenzó por restablecer la jornada “de sol a sol", lo que permitía a los indios bajar del Cerro después del trabajo y dormir en sus casas y no en los socavones. "No es plata que se lleva a España, escribió al Rey- sino sudor y sangre de indios" (25). Mandó también suprimir radicalmente la entrega de plata en reemplazo de indios e impuso fuertes multas a quienes vulneraran sus disposiciones.

La muerte del Virrey, cuatro años después, hizo efímeras las vigencias de esas reformas y ocasionó la vuelta instantánea de los antiguos males.

La iniciativa del Virrey Conde Alva de Liste, de hacer un empadronamiento general, fué retomada por la Corona en 1676. El nuevo

(25) Cierta vez el conde de Lemos escribió al Rey que si le obsequiaran las riquezas del Cerro, no las aceptaría por no comprometer la salvación de su alma. Cuando fue a Puno a reprimir los desmanes de los Salcedo, el minero Antonio López de Quiroga le expresó que la ley de los minerales de Potosí no alcanzaba siquiera a la de los desmontes de Laicacota. De ahí dedujo el Virrey que la pobreza de los minerales del Cerro era compensada con el abrumador trabajo de los indios.

La colusión de los azogueros de Potosí con el Corregidor don Juan Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la Granja, fué sancionada por el Virrey con la destitución del funcionario.